La nueva legislación amplía el conjunto de productos definidos en FLEGT y va más allá de la madera y sus derivados. La legislación establece un vínculo legal no solo con procesos de tala clandestina, sino también con procesos de deforestación ligados a cambio de uso del suelo con fines productivos, como es el caso de la producción de ganado (principal causal de deforestación en México), el establecimiento de plantaciones industriales (palma de aceite, cacao y café), sembradíos de algunos cereales (soja) y algunos productos como el caucho, el carbón vegetal y el papel impreso. Adicionalmente, el Parlamento europeo amplió la definición de degradación, misma que ahora incluye la conversión de bosque natural (primario o secundario) en plantaciones forestales o en otras superficies boscosas. 

Las restricciones a la entrada de productos considerados en esta legislación, no promueve el veto de países o regiones completas. Por lo que en esta etapa se puede considerar todavía disuasiva. Tal como se procedió en el caso FLEGT, las restricciones se dirigen a los proveedores de productos, quienes solo podrán vender en la UE si cuentan con una declaración de “diligencia debida” que certifique que el producto a introducir en la UE no procede de tierras deforestadas, o ha provocado degradación forestal después del 31 de diciembre de 2020.

La legislación instruye a la Comisión a clasificar a los países, o partes de ellos, como de bajo, medio o alto riesgo mediante una evaluación objetiva y transparente en un plazo de dieciocho meses a partir de su entrada en vigor. Esta estratificación tiene aparentemente el objetivo de mejorar y abaratar los costos de monitoreo. De esta forma, los productos procedentes de países de bajo riesgo estarán sujetos a un procedimiento simplificado de “diligencia debida” (El término diligencia debida (en inglés: due diligence) se emplea para conceptos que impliquen la investigación de una empresa o persona previa a la firma de un contrato o una ley con cierta diligencia de cuidado. Puede tratarse de una obligación legal, pero el término comúnmente es más aplicable a investigaciones voluntarias. Un ejemplo habitual de diligencia debida en varias industrias es el proceso por el cual un comprador potencial evalúa una empresa objetivo o sus activos de cara a una adquisición).

La inspección se hará por muestreo y la proporción de controles que se realizarán a los operadores dependerá del nivel de riesgo del país: 9% para los países de alto riesgo, 3% para los de riesgo medio y 1% para los de bajo riesgo. Las sanciones establecidas por incumplimiento son más bien disuasorias. La multa es al menos el 4% del volumen de negocios anual total en la UE del operador o comerciante infractor, aunque seguramente la infracción también va acompañada de un fuerte componente de reputación o marca de la empresa.

La legislación también considera que las autoridades competentes de la UE tendrán acceso a la información pertinente facilitada por las empresas, como las coordenadas de geolocalización, y que realizarán controles con ayuda de herramientas de seguimiento satelital incluso con el uso de pruebas de ADN para comprobar la procedencia de los productos. De igual forma, las empresas tendrán que demostrar que estos productos cumplen la legislación correspondiente del país productor, incluida la relativa a los derechos humanos, y que se han respetado los derechos de los pueblos indígenas afectados durante los procesos de extracción o producción.

En varios sectores es común que los compradores realicen este procedimiento tanto por parte del productor, como del comprador, con el fin de asegurar el cumplimiento de la normatividad tanto del país importador como del exportador. En teoría este doble monitoreo contribuye a una toma de decisiones informada y una mejora en los procesos de producción y consumo.