El 8 de marzo de 2023 en toda la República Mexicana hubo marchas por el Día Internacional de la Mujer. De acuerdo con cifras oficiales, en la Ciudad de México asistimos 90 mil personas, pero hay cifras de algunas organizadoras de la misma quienes estimaron que éramos casi 200 mil (La Jornada, 9 de marzo de 2023).

No he parado de escuchar personas a favor y en contra de que nos movilicemos para exigir mejores derechos, lo que sí queda claro es que hacemos ruido, que finalmente es uno de los objetivos. Marchamos, hacemos ruido y levantamos la voz para denunciar la violencia de género patriarcal imperante en nuestro país: cada día 11 mujeres (en promedio) son víctimas de feminicidio.

El feminicidio fue tipificado en México en la Ley general de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia el 1 de febrero de 2007. El contenido de dicha ley define los tipos de violencia existentes: psicológica, física, patrimonial, económica y sexual; así como las modalidades: en el ámbito familiar, laboral y docente, en la comunidad, institucional y la violencia feminicida que se define como “la forma extrema de violencia de género contra las mujeres, producto de la violación de sus derechos humanos, en los ámbitos público y privado, conformada por el conjunto de conductas misóginas que pueden conllevar impunidad social y del Estado y puede culminar en homicidio y otras formas de muerte violenta de mujeres” (Ley general de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, 2007. Artículo 21).

A partir de dicha Ley, las instituciones encargadas de las investigaciones, tales como las Fiscalías en México, deberían investigar con una perspectiva de género feminista las muertes violentas de mujeres, pero no siempre estos asesinatos se tipifican así. Por ejemplo, para el cierre del 2022, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (2023) solo había declarado como “presuntos delitos de feminicidio” a 948 de estos asesinatos, los demás que no se contabilizan como tal, son declarados como homicidios dolosos o intencionados.

He aquí una cifra preocupante: el 70.1 % de las mujeres mayores de 15 años en todo el país (a finales del 2021), habín vivido al menos un incidente de violencia (INEGI, 2021: 9). Podría afirmar que ese porcentaje es mayor: a lo largo de mi trayectoria como profesora he preguntado en mis aulas si alguien ha experimentado algún tipo de violencia y el 100% de las alumnas dicen que sí.

Además, de acuerdo con la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH) 2021, estas violencias se dan en mayor grado entre quienes residen en áreas urbanas (73.0%); de edades entre 25 y 34 años (75.0%); y entre quienes cuentan con un nivel de escolaridad universitaria superior (77.9%) (INEGI, 2022: 10). Estas cifras nos indican la importancia de tomar cartas en el asunto dentro de las Instituciones de Educación Superior. Necesitamos que las Universidades sean espacios seguros para el alumnado, principalmente para las mujeres y otros sujetos de género vulnerabilizados. Mucho se ha hecho, pero es importante seguir sumando esfuerzos. Cada persona integrante de nuestra comunidad universitaria debe poner su grano de arena.

Fue duro ir en la marcha y ver carteles con fotografías de mujeres desaparecidas, al mismo tiempo fue esperanzador ver a tantas mujeres de todas edades gritando al unísono “el patriarcado no se va a caer, lo vamos a tirar”. Algunas alumnas me compartieron después que habían ido a la marcha y eso me da esperanza. No sé si nos vamos a poner de acuerdo en torno a lo que concebimos como feminismos, pero eso no es lo central. Lo que sí me queda claro es que necesitamos construir espacios más amables donde los feminismos valgan la alegría, no la pena.

Marchamos para que el día de mañana todas las niñas, jóvenes y mujeres en general puedan vivir una vida más amable, libre de cualquier tipo de violencia.