En el sexenio anterior hubo críticos del tren Ciudad de México-Toluca, del aeropuerto de Texcoco, en este sexenio no faltan duras críticas al Tren Maya, a la refinería de Dos Bocas, al aeropuerto de Santa Lucía. La pregunta que surge es ¿quién o cómo se determina que algo es un buen megaproyecto?
El método de elección de megaproyectos en México parece más un sistema basado en ocurrencias, en filias y fobias personales, en lo que interpreta cada presidente que necesita nuestro país. Claro que hay unos claros “Lineamientos para la elaboración y presentación de análisis costo y beneficio de los programas y proyectos de inversión” que la Unidad de Inversiones de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) debe vigilar que se cumplan. No obstante, al ser una unidad dependiente del propio ejecutivo, resulta difícil de creer que un megaproyecto que tiene la venia de la propia presidencia será detenido en esta dependencia de gobierno.
Incluso, otorgando el beneficio de la duda, confiando en que los análisis de rentabilidad social que realiza la SHCP están exentos de conflictos de interés; ¿cómo podemos determinar el grado de incertidumbre respecto a los parámetros empleados en los análisis?, ¿existe un conjunto de criterios para validar las fuentes de información? Estas preguntas son relevantes porque las personas que han hecho un análisis costo beneficio saben bien que dependiendo de la fuente de información que se use un proyecto puede ser rentable o no.
En este sentido, más allá de la queja, lo que me parece una propuesta que puede contribuir a solucionar por lo menos uno de los problemas mencionados (el de la validación de la información empleada) es contar con un método estandarizado y una base de datos de información para asignar costos y beneficios que otorgue mayor certidumbre sobre la validez de los resultados.
Supongamos que tenemos una base de datos que contiene valores base por defecto para valorar conceptos de costos y beneficios, mismos que provienen de fuentes que puede comprobarse su validez. En este caso, podemos tener mayor certidumbre de que los análisis costo beneficio son válidos.
También, supongamos que tenemos un método estandarizado para el análisis. No me refiero a los conceptos de libro de texto sobre análisis costo beneficio, sino a un proceso más mecánico para realizar dicho análisis. Entonces, el analista podrá seguir dicho método estandarizado, con fuentes de información comunes, de las cuales se puede rastrear su origen.
La falta de información es una parte del problema, a lo que se agrega falta de planeación estratégica o de alineación de proyectos en torno a los megaproyectos. De igual forma, hay preguntas pendientes como la fuente de financiamiento de la instancia generadora de información y determinar los mecanismos para decidir sobre el tipo de información a incluir y su gobernanza. Una etapa anterior podría ser la alineación, estandarización y validación de la información generada por instituciones oficiales, tales como el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), el Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP), Secretaría de Economía, la SHCP, entre otras y la enorme cantidad de universidades, ONG, y otras organizaciones.
Este enfoque reduciría los posibles sesgos de los análisis costo beneficio, por lo menos en lo que respecta al origen de las fuentes de información. Ahora, pensando optimistamente, si ese proceso estandarizado lo enmarcamos en un órgano independiente del gobierno, que se dedique a analizar los megaproyectos que el país necesita a largo plazo (piense en décadas), entonces nos evitaríamos tirar dinero a la basura de proyectos abandonados, de menores conflictos sociales, de ocurrencias, de mega monumentos al ego.
Fuente de la imagen: Elaborada con DALL-E de OpenAI.