21 de junio 2022

La noticia de los dos sacerdotes jesuitas asesinados ha sido muy impactante. Luis Gerardo Moro, el Padre Provincial de los Jesuitas en México, nos dice que “no podemos olvidar a las miles de hermanas y hermanos, miles de familias que están sufriendo. Hoy nos tocó a nosotros«. La Compañía de Jesús entiende los contextos en los que vivimos y nos movemos, en donde también los jesuitas – al igual que cualquiera de nosotrxs- hacen su quehacer.

Ya he leído varias veces estos comunicados y aún sigo sin entender el grado de violencia al que nos tienen sometidos.

Primero, los criminales “se llevaron” los cuerpos. No lo puedo creer, parece algo inconcebible; no me queda claro el mensaje. ¿Será acaso que como no hay cuerpos “aquí no pasó nada”? ¿Será un asunto de tomar el control también sobre el dolor de la comunidad? Es una violencia muy profunda.

Segundo, la violencia también de las instituciones, que desde hace sexenios voltean a otro lado. Cientos de personas desaparecidas o asesinadas, jóvenes, mujeres, ambientalistas y periodistas. En este sexenio no se ha resuelto, hay numerosos casos entre estas «categorías» y un estilo de pleitos baratos que en mi opinión, son utilizados para el adormecimiento. Esta es una violencia de Estado, que nos va “educando” y nos va programando hacia nuevas formas de sumisión.

Para profundizar en estos puntos, me encontré con dos cosas: una lectura sugerida por una amiga, ante mi sorpresa por el “robo de cuerpos” (una violencia para la que no he encontrado calificativo). Este asunto de la pérdida de la espontaneidad, la muerte moral, “apagarle” el espíritu a la gente, va más allá. Hanna Arendt utiliza el término “banalidad del mal” para “describir cómo un sistema de poder político puede trivializar el exterminio de seres humanos cuando se realiza como un procedimiento burocrático ejecutado por funcionarios incapaces de pensar en las consecuencias éticas y morales de sus actos (y de sus omisiones, agrego yo) (Miguel Hernández 2014, el Colegio de Michoacán). Habla de funcionarios porque hay responsabilidades diferidas en la sociedad y aunque queramos ser corresponsables de las formas que hemos escogido para convivir, los gobiernos ostentan una responsabilidad ineludible y mayor a la de un ciudadano común.

La segunda cosa con la que me topé es un artículo de Jacobo Dayán en Animal Político (21 de junio de 2022), titulado “El gobierno abdicó”, en donde se lee… “Hoy, las violencias se gestionan en lo local con grupos armados de distinto tamaño en colusión con fuerzas del orden y actores políticos con el objetivo de controlar mercados lícitos e ilícitos. Territorio y población abandonados por el Estado. El presidente […] ha decidido que su gobierno no tiene responsabilidad en la brutal inseguridad. Eso les toca a los grupos criminales”.

Con el asesinato de los jesuitas y de cientos de personas inocentes, ¿Dónde queda la máxima que aplica el gobierno federal en estos casos de “se matan entre ellos”? Para Dayán, esta estrategia seguida por el ejecutivo “demanda más y más sangre, entregar a la población a la extorsión, el cobro de piso, la trata, el desplazamiento forzado y el secuestro”.

Para mí, es muy claro. Las condiciones sociales del país se están deteriorando cada vez más. El margen de acción que tenemos en el trabajo que hacemos es cada vez más estrecho. Hoy fueron los compas jesuitas, pero este deterioro ha cobrado cientos de vidas y se ha sembrado desde hace décadas. Hace unos días leíamos sobre el miedo que tiene la gente de Michoacán, ante el enfrentamiento de grupos que no distinguen, ya que en esos despliegues la población no tiene claro si son elementos del ejército o de alguna fuerza policial. Las personas que habitan en numerosas localidades de Guerrero tampoco quieren hablar de la situación que viven porque se sienten amenazados. Los ejidatarios y comuneros, que son los dueños de la tierra, de los bosques, y de un gran legado de conocimientos, también nos han platicado que tienen restricciones para transitar sus propias tierras. Aunque se han invertido millones de pesos en el equipamiento contra incendios en diversas zonas forestales, es el crimen organizado quien decide si se combate el fuego o no, con la clara consecuencia de dejar los bosques naturales a su suerte (estos bosques y selvas son el soporte natural de nuestra vida, de nuestra economía y es nuestra casa común). 

Es muy desafortunada la respuesta de las instituciones de gobierno, quienes dicen intentar resolver los problemas con políticas que limitan más a los dueños de los bosques, incluso a los que están haciendo bien las cosas. Son innumerables los casos en Sonora, Chihuahua, Chiapas… donde la violencia hacia los habitantes y la sociedad en general está presente. No se nos olvidan los defensores de la naturaleza asesinados, ni los periodistas a quienes les han quitado la vida.

Tomemos responsabilidad porque estas estructuras sociopolíticas las hemos creado y mantenido nosotros. Es momento de hacer un alto y definir qué queremos. Necesitamos tomar una postura clara.

¿Queremos poder salir de casa sin la incertidumbre de regresar bien o de que nuestros hij@s regresen? ¿Queremos vivir sin sentirnos acorralados por la violencia?

¿Queremos transitar y disfrutar nuestro territorio, nuestros ríos y lagos y selvas, y trabajar en colectivo para su restauración y su cuidado?

¿Queremos un buen gobierno que cuide la seguridad pública como prioridad?

Definitivamente sí podemos construir otros acuerdos sociales que nos encaminen para allá.