En México y Guatemala prevalecen los conflictos por extracción de minerales y gestión del agua. En Honduras y Costa Rica son visibles también conflictos por la gestión de la producción territorial (forestal, pecuaria). En estos proyectos las alternativas de justicia están ligadas a la sustentabilidad, ya que el uso de los recursos naturales no es sustentable, ya que no se plantea de manera conjunta el bienestar de largo plazo de las comunidades locales con la conservación de los bosques y su biodiversidad. Al ser obras que cambian completamente la configuración biofísica y los acuerdos sociales locales, requieren ser analizados como sistemas socioecológicos, ya que no se pueden entender de forma cabal si separamos los aspectos de la biodiversidad de aquellos ligados al bienestar local, sino desde sus componentes interdependientes.

En el caso de estos países, se están documentando daños a la biodiversidad y en el largo plazo, la pérdida de la capacidad productiva de la tierra, lo que deja territorios que pierden su viabilidad en el futuro cercano. Los casos de regiones completas cuyas selvas y bosques han sido transformados a zonas productoras de palma de aceite, constituyen un ejemplo concreto, en el que se han documentado la pérdida de la fertilidad del suelo, la reducción de polinizadores y el abatimiento de los niveles de pozos y norias para el suministro de agua. En Mesoamérica es común que se haya forzado a los campesinos a realizar estas transformaciones en sus tierras, ya sea con palma de aceite o con otros cultivos como la papa, para el suministro de grandes empresas dedicadas a producir «comida chatarra».  

En estos conflictos revelan las formas en que las decisiones que se quieren imponer pasan por encima de los derechos de los pueblos indígenas y de los derechos que tenemos todos a vivir en un medio sano. Cuando las poblaciones locales afectadas o las organizaciones de la sociedad civil, alzan la voz en contra de estos proyectos (como el Tren Maya, por ejemplo), vemos que las empresas interesadas y en ocasiones el mismo estado, responden con intimidación, despojo y deterioro de las condiciones de vida de las personas. Estos conflictos han cobrado la vida de ambientalistas, siendo en México 18 personas asesinadas en el año 2019 (CEMDA), bajo el mandato del presidente actual. Las respuestas del presidente de México han sido muy controvertidas, ya que ha tratado de desacreditar a las organizaciones que no están de acuerdo con él, haciendo un nulo ejercicio de autocrítica. Estas descalificaciones dejan muy vulnerable a los grupos locales y nos aleja de la justicia, ya que esas voces quedan, nuevamente, sin ser escuchadas.

En diversas ocasiones el estado ha omitido, retrasado o tergiversado los mecanismos de consulta y atención. En el caso del Tren Maya los observadores de Naciones Unidas indicaron que la consulta realizada no fue adecuada, ya que «no había posibilidades de estar en desacuerdo con el proyecto«. Por la desigual distribución de las consecuencias que están implicadas en la toma de decisiones, estas obras y proyectos no pueden surgir de ocurrencias sino en pleno respeto por las instituciones locales y por la integridad ecosistémica, que sostienen la biodiversidad y la viabilidad de los territorios.  

Como ciudadanos, ciudadanas, desde los espacios donde vivimos y trabajamos, seamos vigilantes del devenir de estos conflictos. Revelan de forma profunda los valores y creencias de los gobernantes, y sobre las que están fincadas las instituciones. Mantengámonos informados e informadas, priorizando las fuentes de información local, para comprender las perspectivas de quienes viven estos conflictos en su vida diaria.