La relación agua – pobreza es de la mayor importancia desde el punto de vista de salud pública y equidad social. La ONU reporta que más de mil cien millones de personas en países en desarrollo no tienen acceso a agua potable y que 2 mil 600 millones de personas no tienen servicios de drenaje adecuados. En el caso de México, todavía 22 millones de personas no tienen acceso a servicios de drenaje y 3 millones carecen de servicio de agua potable (INEGI, 2005).
Los impactos de la escasez y contaminación del agua afectan a grandes sectores de la población, pero inciden de manera desproporcionada en la gente pobre; en particular, la población infantil es más propensa a sufrir una muerte por alguna enfermedad relacionada con la carencia de servicios de agua y sanidad; los hogares pobres son más propensos a recibir agua con interrupciones, a no disponer de una conexión a la red pública y a no disponer de drenaje. Asimismo, estos hogares tienen que disponer de una proporción mayor de su ingreso para proveerse del vital líquido. En un estudio realizado por investigadores del CENTRUS, utilizando la Encuesta Nacional sobre Uso del Tiempo del INEGI, se estima la brecha de ingreso y de las horas trabajadas entre la población que destina tiempo en acarrear agua con aquella (estadísticamente comparable) que no realiza esta actividad es de 13%.
Analizar la relación que existe entre la pobreza y la problemática del agua es una tarea compleja por la inherente circularidad que existe entre ambos fenómenos. Por ejemplo, para una persona en condiciones de pobreza probablemente será más difícil allegarse de suficiente agua para vivir de manera plena en comparación con las dificultades a las que se enfrenta una persona no pobre. En el otro sentido, la privación de este recurso puede limitar que una persona desarrolle plenamente todas sus capacidades, lo cual la hará más propensa a caer o permanecer en la pobreza.
Existe consenso entre los especialistas en cuanto a que el subsidio al agua en muchos países en desarrollo resulta perverso, porque los beneficios los disfrutan principalmente los hogares de mayores ingresos que cuentan con mejores servicios públicos. Desde el punto de vista teórico los precios subsidiados del agua fomentan la sobreexplotación del recurso, puesto que aumentan tanto el uso de ésta para consumo directo como su uso como insumo para la producción. Por otro lado, en términos de finanzas públicas, los subsidios pueden reducir la capacidad de las autoridades para expandir y mejorar el servicio de los hogares pobres.
La cuestión ante la problemática descrita es qué pueden hacer los responsables de política para darles seguridad en la provisión de agua a las personas más pobres.
El informe de desarrollo humano del año 2006 tuvo como tema sustantivo la pobreza y la crisis global del agua. En dicho documento se pueden identificar políticas generales que tienen como finalidad brindar de seguridad de agua a las personas, particularmente a las que se encuentran en condiciones de pobreza, tales como progresividad en los sistemas de cobro, subsidios dirigidos, aumento de tarifas y recaudación del sector, restricciones de oferta, provisión de agua en asentamientos irregulares, participación de hogares en la conexión o, bien, estrategias para la inversión pública.
En definitiva, los hogares pobres están expuestos a condiciones de exclusión desde distintas perspectivas; sufren para acceder a agua limpia, pero también para manejar de la manera más adecuada los desechos. Asimismo, la inequidad en la distribución del recurso y de su cobro mina sus posibilidades de superación. El agua es un elemento indispensable para la vida humana, una persona que no puede cubrir sus necesidades ve coartada su libertad y su capacidad para vivir una vida digna.
Las personas responsables de la política tienen frente a sí el reto de ayudar a superar esta problemática, la cual representa una trampa que impide que una importante proporción de la población eleve su calidad de vida y supere la pobreza. Existen herramientas que pueden resultar efectivas para cumplir dicho objetivo. Desde una perspectiva de eficiencia económica es claro que dicha inversión será más efectiva cuando el costo de una conexión a la red de agua y drenaje sea razonable. Para aquellos hogares para los cuales dicho costo exceda los beneficios potenciales es conveniente adoptar un enfoque participativo y de desarrollo de capacidades en las comunidades, para que sean las personas que habitan en ellas las que contribuyan a mejorar la infraestructura, pero contando con el apoyo y seguimiento de las autoridades involucradas. Aquí hablamos de un modelo ganar-ganar, donde el gobierno pueda focalizar los recursos financieros donde sean más efectivos, a la vez de que sea posible atender a sectores de la población más rezagados, los cuales pueden invertir su capacidad de trabajo en algo concreto que elevará su nivel de vida.
Basado en los escritos:
Guevara Sanginés, A., Soto, G. y Lara Pulido, J.A., “Agua y Pobreza en México”, en Agua en México: cauces y encauces. Editado por Blanca Jiménez, M.L. Torregrosa y L. Aboites, México: Academia Mexicana de Ciencias y CONAGUA, 2010.
Guevara Sanginés, A., y Lara Pulido, J.A., “Agua, pobreza y uso del tiempo en México: Análisis cuantitativo como sustento del diseño de una política pública de doble dividendo”, Revista Electrónica Nova Scientia, Nº 15 Vol. 7 (3), 2015. pp: 462 – 481