Opinión de Gustavo Alanís Ortega
Además del impacto que tendrán los sectores socioambientals a propósito del coronavirus, sobre todo en la ciudad de México, en la que estamos expuestos a una mala calidad del aire —y tanto el virus como la contaminación afectan los pulmones—, habrá que revisar algunas normas oficiales mexicanas de calidad del aire para hacerlas más fuertes y con estándares más altos, así como reforzar cuestiones de implementación y de aplicación efectiva de esos marcos legales. Seguramente habrá otros marcos legales que se deberán trabajar a nivel de las emisiones, a través del tipo de combustible que utilicemos y a través de las energías limpias. Todo depende de la manera en la que se desarrollará el país para que se logre una incidencia en la calidad de vida de las personas, pero parte del cambio tendrá que venir desde el marco regulatorio.
La discusión interna se centra en cómo podremos posicionar los temas ambientales dentro de una agenda nacional e, incluso, internacional porque van a decir que todo el crecimiento, el desarrollo, la inversión y la creación de empleos será prioritario sobre los árboles y los pajaritos. En consecuencia, eso puede hacer que los temas ambientales sean marginados, que haya incumplimiento de la ley, impunidad y comisión de delitos ambientales, y que nadie diga nada. Con esto, el chiste es no convertirse en el enemigo, sino más bien recordarles que todo depende de la naturaleza y que si no lo hacemos bien, vamos contra nosotros mismos. Es un reto grande. Tendremos que hacer un llamado a la racionalidad para cumplir la ley, respetar las áreas protegidas y a las especies en peligro de extinción, y asegurar que los proyectos se cumplan con criterios de política ambiental.
Así, la mejor manera de abordar los conflictos que se pueden exacerbar por la pandemia es utilizando la ley con argumentos jurídicos, técnicos, científicos y legales. Está bien la protesta social, la marcha y todo lo que se hace, pero me parece que, dentro de un Estado de Derecho, hay que apostarle a las denuncias populares, a los recursos de revisión, a los juicios de nulidad y a los amparos.
Proyectos como el Tren Maya se están dando en una impunidad total, con incomplimiento de la ley, sin respetar el procedimiento de impacto ambiental, sin respetar a las especies en peligro de extinción, con consultas que se han hecho a modo, que no cumplen con los estándares nacionales. Entonces me parece que estos proyectos están dando el mal ejemplo y algunos pueden decir: “si el presidente viola la ley, pues nosotros también. Si ellos lo hacen en proyectos grandotes, nosotros lo haremos en proyectos chiquitos”. Esto puede minimizar el rol de la Semarnat que, de por sí ya está minimizada; puede minimizar el procedimiento de impacto ambiental que es fundamental para obras de este tipo.
La mejor salida para todo esto sería intentar un acercamiento, una mesa de diálogo y de discusión para fijar posturas. Ha habido mucha manipulación de procesos y de instrumentos de política ambiental y entonces, si no se da el diálogo para buscar una salida, lo único que queda serán los recursos legales que la gente tenga a su alcance para demandar que se respeten los espacios de participación social, su derecho a la salud y su derecho constitucional a un medio ambiente sano.