Arte mural en Tepoztlán, Morelos. Diciembre 2019
Por: Alejandro Barriga Camelo
Según cifras de la ONG Global Witness, en el año 2018 fueron asesinados 164 de defensores ambientales en todo el mundo, de estos 83 en Latinoamérica y 14 en México. Un año después, también en México, se registraron 39 ataques a defensores de la tierra, el territorio y el medio ambiente, de los cuales 15 fueron homicidios, de acuerdo con el último informe del Centro Mexicano de Derecho Ambiental.
Si bien es cierto que el presente año ha sido atípico en gran parte por la pandemia que vive el mundo, los asesinatos no han cesado y a pesar de no tener informes ni reportes oficiales por parte de las instituciones encargadas del tema, estos son algunos de los casos reportados.
Homero Gómez González. Era un reconocido activista ecológico y administrador del Santuario de la Mariposa Monarca “El Rosario” localizado en Ocampo, Michoacán. Se dedicaba principalmente al cuidado y la defensa de los bosques, lugar de tránsito y vida de la mariposa monarca y era un impulsor de la reforestación y la creación de nuevos bosques para combatir el cambio climático. Gómez González se reportó como desaparecido el 14 de enero de 2020 y su cuerpo fue encontrado el 29 del mismo mes, en un pozo de agua. Hasta el momento no hay claridad sobre la forma como ocurrió su muerte, no obstante sus familiares relataron a algunos medios de comunicación que Gómez González había recibido amenazas por parte de un grupo del crimen organizado.
Raúl Hernández Romero. También defensor de los bosques, de 44 años de edad, era guía turístico en el santuario de la mariposa monarca en Michoacán. El 27 de enero del presente año salió de su casa ubicada en el municipio de Angangeo y su cuerpo fue encontrado sin vida el 1 de febrero, en el predio “La Balsita” en el ejido “El Rosario”, con marcas por golpes en distintos lugares del cuerpo y una herida en la cabeza. Las autoridades locales abrieron un expediente pero se desconocen las causas y los autores de su muerte.
Isaac Herrera Avilés. Abogado, asesor legal y ambientalista, luchaba por la defensa del parque “Los Venados” en Jiutepec, Morelos y la representación legal de los 13 pueblos por la defensa del manantial Chihuahuita. La noche del 23 de marzo, sujetos armados fueron hasta su casa y le dispararon a quemarropa, asesinándolo en presencia de sus dos hijos, Isaac y Fernanda. Los asesinos no fueron capturados y la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos condenó su asesinato e hizo un llamado a las autoridades mexicanas a investigar, juzgar y sancionar a los autores materiales e intelectuales del crimen.
Estos son tan solo tres cortos relatos de lo que está pasando con los defensores de la tierra, el territorio y el medio ambiente, relatos que tendrían que ser completados con las historias de Eugi Roy Martínez Pérez, Adán Vez y Paulina Gómez, también asesinados en el 2020 por defender el medio ambiente en México.
Historias que coinciden en el esfuerzo y luchas de sus protagonistas por la defensa de los bosques, de los ríos, de los humedales, de las dunas, de los pueblos indígenas y campesinos, historias de resistencia contra de actores poderosos, tanto legales como ilegales, cuya característica común es la explotación indiscriminada de los ecosistemas en pro de beneficios particulares.
Historias marcadas por hechos de violencia, que van desde las amenazas y hostigamientos hasta los asesinatos, la tortura y las desapariciones forzadas. Historias que no tienen un desenlace ni una explicación clara debido a la descarada impunidad que se vive en México.
Sería importante que tanto las autoridades, como la ciudadanía mexicana, vieran el panorama y el contexto histórico de otros lugares como Colombia, para que tomen medidas urgentes necesarias y puedan evitar a tiempo que el asesinato de defensores de la tierra, el territorio y el medio ambiente se vuelva una práctica sistemática y macrocriminal. Que estas historias no se vuelvan cifras y un conteo anual que cada año aumenta o varia un poco, y más aún, que por ningún motivo se normalice y se vuelva un titular constante en los diarios.
Es responsabilidad del Estado mexicano investigar, juzgar, sancionar y prevenir el homicidio de defensores ambientales, además de indagar sobre las causas estructurales que generan estos crímenes y diseñar políticas públicas encaminadas a la protección de los defensores y sus labores en los territorios.
Quizá ahora más que nunca en México se debe entender, interiorizar y poner en práctica esa premisa de ¡Que defender el medio ambiente no cueste la vida!
