#Resistierra. #Ibero909
Programa del 2 de julio de 2020.
Invitada: Tania González. Profesora de la licenciatura en Sustentabilidad Ambiental de la Universidad Iberoamericana.
La domesticación de los alimentos, a través de la agricultura, ha incrementado la diversidad de los mismos, esta importancia va más allá de la variabilidad genética que puede llegar a existir en esas especies vegetales, sino también tiene impactos positivos en el ámbito de lo cultural, como lo es en la comida, la conservación y mantenimiento de la diversidad.
Este proceso de domesticación de los alimentos y la aparición de nuevas variedades están íntimamente relacionadas con el concepto de Soberanía Alimentaria. El concepto de Soberanía Alimentaria surge como una ampliación de lo que se ha denominado “seguridad alimentaria”.
Por su parte, Soberanía Alimentaria hace referencia al “… derecho de los pueblos, las naciones o las uniones de países a definir sus políticas agrícolas y de alimentos, sin ningún dumping frente a países terceros. La soberanía alimentaria organiza la producción y el consumo de alimentos acorde con las necesidades de las comunidades locales, otorgando prioridad a la producción para el consumo local y doméstico. Proporciona el derecho a los pueblos a elegir lo que comen y de qué manera quieren producirlo. La soberanía alimentaria incluye el derecho a proteger y regular la producción nacional agropecuaria y a proteger el mercado doméstico del dumping de excedentes agrícolas y de las importaciones a bajo precio de otros países. Reconoce así mismo los derechos de las mujeres campesinas. La gente sin tierra, el campesinado y la pequeña agricultura tienen que tener acceso a la tierra, el agua, las semillas y los recursos productivos así como a un adecuado suministro de servicios públicos. La soberanía alimentaria y la sostenibilidad deben constituirse como prioritarias a las políticas de comercio”. Este concepto fue propuesto en un foro internacional de soberanía alimentaria que se celebró en Mali en al año 2007 por “Vía Campesina”.
Frente a la idea de seguridad alimentaria, que implicaba la idea de producir para alimentar a todos, sin importar el “¿cómo?”, se entrelazó con otro concepto que es el de la “Revolución Verde”, el cual, a primera vista podría parecer muy loable, sin embargo, trajo también consecuencias perniciosas, pues conlleva un paquete tecnológico, que en palabras de Tanía González significa “… un conjunto de conocimientos científicos y biotecnológicos para aumentar la producción de ciertos granos como maíz y soya, mediante compuestos químicos, como lo son los herbicidas, insecticidas y pesticidas, que entre otras cosas provocan que las plantas produzcan mayor cantidad de frutos, variedades creadas en laboratorios que son vendidas a los agricultores para sembradas por ellos.”
Derivado de esto, surge un problema, muchas de estas semillas cuentan con una patente y no pueden ser intercambiadas libremente por los campesinos como lo han hecho desde siempre, lo que trae problemas de tipo legal, tal es el caso de Monsanto, que ha interpuesto demandas contra campesinos porque “… presuntamente, los jornaleros utilizaron sus semillas transgénicas sin haberlas comprado; no obstante, varios de estos casos ocurrieron por la polinización natural.”
E incluso ha demandado a Estados, tal es el caso de Argentina: “La empresa multinacional Monsanto demandó al Estado argentino para que le permita patentar semillas transgénicas y consolidar su modelo de negocio en el país. En esta discusión entran en juego distintos derechos humanos: al trabajo, a una alimentación adecuada, a un medioambiente sano y a la biodiversidad.”
Es en este contexto que el concepto de “Soberanía Alimentaria” reviste importancia pues se incrusta en las luchas de los movimientos campesinos que se oponen a los monocultivos y al acaparamiento que han hecho las transnacionales.
En México debe pasarse de “Seguridad Alimentaria” a una concepción más cercana a la “Soberanía Alimentaria”, para ello debemos enfocarnos en dos vías, la institucional que implica a las secretarías como la SEMARNAT y demás tomadores de decisiones y constructores de política pública, pero también y más importante, a las comunidades campesinas, que han sido las más afectadas, vilipendiadas y excluidas por la revolución verde.