El desarrollo de la gobernabilidad democrática tiene como finalidad asegurar la consolidación del bien común a través de la efectividad del Estado de Derecho, para promover y hacer valer la defensa de las legítimas demandas e intereses de la sociedad en aras de lograr una auténtica calidad de vida, es decir, la democracia busca prevenir y solucionar de forma integral aquellas problemáticas complejas que erosionan los tejidos sociales a través de la sinergia entre el Estado y sociedad.
Sin embargo, la salvaguarda del estado de bienestar se esconde bajo la presencia de un capitalismo voraz y rampante que, junto con el fenómeno de la corrupción, agudiza la constante depredación de los recursos naturales y las sistemáticas vulneraciones a la dignidad inherente de los defensores de la naturaleza. Estas problemáticas, lesionan los alcances de la participación ciudadana sumergiendo al sistema democrático en una profunda crisis de eficacia y eficiencia, toda vez que, bajo una concepción torcida del principio de la legalidad, se llevan a cabo acciones u omisiones en detrimento de la justicia ambiental.
Lo anterior explicaría, en gran medida, por qué a pesar de los continuos esfuerzos para articular la gobernanza con el desarrollo sostenible, persisten deficiencias que resultan totalmente inaceptables, como la opacidad en torno a la defensa de los derechos de las comunidades indígenas, quienes contribuyen a la generación de una cultura de protección y conservación, por medio de una estructura normativa que sustenta su legitimidad con la interdependencia que guardan con la naturaleza gracias a sus cosmovisiones religiosas e identidad colectiva.
De acuerdo con (GARZA GRIMALDO, 2015: 143) “En México las culturas originarias abordaban la relación con la naturaleza por medio de leyes religiosas, en donde el culto y las ofrendas a las fuerzas y manifestaciones naturales formaban parte de sus obligaciones cotidianas, existiendo deidades para cada uno de los elementos, para el sol, para la Madre Tierra, el agua, el viento, los volcanes, las plantas e incluso los animales y los ciclos de tiempo y de la vida”.
Actualmente merece la pena señalar el entendimiento que tienen las comunidades indígenas respecto a la calidad de vida alejada de los alcances del consumo capitalista, en este sentido (CRUZ: 97), afirma que los pueblos originarios de América Latina, “creen en el buen vivir, no es el vivir mejor. Vivir mejor significa tener el mejor celular y el mejor carro. Vivir bien es vivir de forma integral y nada más”.
Lo anterior pone de manifiesto como el pluralismo jurídico promueve la generación de un desarrollo socioecosistémico, lo que permite atender las deficiencias que lesionan la efectividad de la gobernabilidad democrática gracias a la identidad sociocultural de la nación, cuyos alcances, permiten la articulación del Estado para garantizar el desarrollo libre, pleno e integral de las personas aunado a la protección de la biodiversidad, como manifestación de la justicia ambiental.
Referencias
GARZA GRIMALDO, José Gilberto. Los Derechos de la Naturaleza y sus medios de Defensa. Edit. Laguna. 2015.
SALINAS, Adela. CRUZ, Carlos “El Pandillero”. En: Constructores de Paz en México: Perspectivas, procesos y acciones que desarticulan la violencia. Edit. Universidad Iberoamericana. México.