Reconocemos los múltiples significados que tiene la naturaleza para nosotros, y los simbolismos que están detrás de los sitios sagrados, los rituales, las fiestas, así como en el disfrute de un área protegida. Sin embargo, la naturaleza también es un asunto de dinero. ¿Te has puesto a pensar quién paga la conservación? ¿De qué hablan en la COP cuando refieren la “brecha financiera” en la conservación de la naturaleza? ¿Qué instrumentos hay para atender estos gastos e inversiones? Va una lluvia de datos para estas y otras preguntas, que mis colegas economistas del Centrus estarán felices de responder.
1. Los números hablan: la naturaleza se traduce en dinero.
La iniciativa BIOFIN de la UNEP nos da unas cifras que nos permiten verlo más claro: más de la mitad del producto interno bruto global que son unos US$58 trillones de dólares, dependen de la naturaleza; y el valor de los servicios ecosistémicos está calculado en unos US$150 trillones de dólares; siendo el sector privado el responsable de la mayor cantidad de flujos financieros que degradan la naturaleza (biofin.org). Por ejemplo, el trabajo de los polinizadores (abejas, murciélagos, mariposas, escarabajos, etc.) se traduce en la producción agrícola que nos mantiene a todos, y cuyo valor es de US$235,000 a US$577,000 millones de dólares cada año (ipbes.net). Damos por hecho que los polinizadores estarán ahí, y así sucede con todos los procesos naturales: damos por sentada la contribución de la naturaleza. Dentro de los “flujos financieros que degradan la naturaleza”, se encuentran los incentivos al consumo de productos tóxicos (dañinos para nosotros y/o para otras especies). Muchos de los productos agroquímicos estarían en este grupo, aunque también hay otras sustancias como los llamados “contaminantes emergentes”. El reporte “Pagar dos veces” de Conservación Internacional, indica que los subsidios perjudiciales para la naturaleza se pagan una segunda vez (www.conservation.org), al remediar los daños causados por las consecuencias de esos incentivos. Biofin nos dice que “por cada dólar invertido en la protección de la naturaleza se gastan US$30 en destruirla. En 2023, US$7.3 trillones fluyeron hacia actividades perjudiciales para la naturaleza, asociados a la inversión en combustibles fósiles y sectores como el energético; y sólo US$220 billones se orientaron a intervenciones como las Soluciones Basadas en la Naturaleza, con una contribución de las compañías privadas de US$23 billones” (biofin.org).
2. ¿Quién paga la conservación?
El contacto directo con la naturaleza que mantienen las comunidades locales en su vida diaria y en sus sistemas productivos, hacen que las prácticas que escogen para trabajar la tierra, aprovechar los bosques, recolectar plantas medicinales, llevar el suministro de agua a los hogares, etc., sean el primer frente de la conservación. El costo que pagan ellos por reducir impactos, evitar el uso no sustentable de los recursos o el mantenimiento de ciertas áreas como reservas, lo pagan estos colectivos que usualmente están constituidos por Pueblos Indígenas y comunidades locales (PICL). Los costos recaen en estas comunidades, y los beneficios se distribuyen en flujos constantes hacia áreas y sectores sociales muchas veces alejados de las “comunidades fuente”. En 2026 el financiamiento a la conservación de la biodiversidad no superó los US$92 millones, siendo que se identifica una brecha de unos US$700 billones según Biofin y el Instituto Paulson (www.paulsoninstitute.org). Esta brecha de financiamiento es el monto que falta para hacer realidad la conservación, cumpliendo las metas de la Agenda 2030 y del Marco Kunming-Montreal. La brecha pasó de $700 billones a US$1.317 trillones de 2020 a 2025. ¿Qué instrumentos hay para aplicar estos fondos en actividades e intervenciones de conservación? Aquí van tres: (a) los canjes de deuda por naturaleza, que registra 169 operaciones desde 1989, convirtiendo US$8,000 millones de dólares en financiación ambiental, es decir, proyectos de restauración y conservación, dominando proyectos de América Latina (base de datos SOAS en Dryden, Dev Policy Rev. 2026); (b) créditos de biodiversidad, que se trata de la aplicación de medidas de conservación que las empresas pagan en áreas específicas y dan seguimiento a resultados beneficiosos para la naturaleza (www.forestsnews.org/); el Mercado Voluntario de Biodiversidad reporta US$10 millones (https://carbon-pulse.com/472517/) que es una cifra acumulada, y aparece Oceanía como la región con mayores transacciones; y (c) los pagos por servicios ambientales (PSA) que son entregados a manera de compensación, a los dueños de las tierras que tienen prácticas cuidadosas de los ecosistemas, ya sea en áreas protegidas oficiales o fuera de ellas. En 2018 se reportaron más de 550 programas de PSA, con un monto de unos US$42 millones anuales, que se distribuyen por componente -agua y carbono forestal-. Este instrumento ha favorecido la creación de Fondos de Agua en diversas regiones del mundo.
Foto: Adriana C. Flores-Díaz, Mersin, Turquía. Abril, 2026.
3. El costo de la inacción
La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) indica que cerrar la brecha de financiación en esta región es crítica, porque “el 56% de su PIB depende moderada o altamente de la naturaleza. De mantenerse las tendencias actuales, el colapso parcial de servicios ecosistémicos clave podría generar pérdidas equivalentes al 3,4% del PIB regional” (www.cepal.org). En América Latina la brecha es de US$152,987 millones, que se usarían para apoyar la transición de la agricultura y la ganadería a sistemas sostenibles, y el saneamiento de las aguas urbanas. El informe plantea una serie de líneas de acción orientadas a la coherencia de políticas, integrar a la naturaleza en las decisiones, y el incremento de la participación del sector privado.
Me ha parecido muy interesante que una buena parte de la brecha de financiación para la conservación de la biodiversidad, se reduciría con la eliminación de los incentivos perversos. Además, desde distintos sectores hay llamados a la consolidación de una sola agenda clima-biodiversidad que permita dirigir los fondos hacia esta dupla, como lo han mencionado los gobiernos de América Latina (peru.un.org); después de todo, seguimos siendo un complejo acoplado con fuertes interdependencias entre clima y biodiversidad. La financiación para la conservación de la biodiversidad es inseparable del cuidado de los pueblos y comunidades que han estado al frente de la gestión de sus territorios (esto fue una buena parte del trabajo en la COP17). Estas decisiones y cálculos sí requieren una mirada ética, porque no queremos que la conservación de la biodiversidad sea a costa de lo que sea (Schleicher et al. Nature Sustainability, 2019). Sin duda, mucho de qué hablar cuando echamos números a la conservación. Y ¿tú qué sabes del tema?
